Por: Jaime Borda Pari
Durante el mes de junio, las provincias altas de la región Cusco han vivido una serie de conflictos sociales, hechos que lamentablemente dejaron como saldo la muerte de un campesino y un efectivo policial herido en la provincia de Chumbivilcas. Los días de la paralización tanto en Canchis como en las provincias de Canas, Chumbivilcas, Acomayo y Espinar nos obligan a hacer una revisión y reflexión sobre los reclamos que vienen sosteniendo las poblaciones campesinas en nuestro país, y sobre todo que el Estado analice y responda con propuestas claras aquellas agendas o plataformas de lucha que se han venido planteando en las movilizaciones, no solo locales, sino también nacionales y que básicamente giran en torno a temas medio ambientales, a la protección del agua, de la flora y la fauna.
Todas estas movilizaciones presentaron agendas con pedidos concretos en primer momento, luego se incorporaron demandas más locales y regionales. Dentro de estas demandas había temas nacionales como por ejemplo la anulación definitiva de las concesiones mineras, así como la derogatoria de la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y también la derogatoria de una serie de decretos legislativos como el 1090, 1065, 1064, 1081, 1082, 1083, entre otros que vulnerarían los derechos de las comunidades campesinas.
Sobre los temas mencionados en las diversas mesas de diálogo que sostuvo el ex Premier Yehude Simon, hubo compromisos que al parecer el actual presidente de la PCM Javier Velásquez Quesquen quiere cumplir. Por ejemplo en las provincias de Canas y Acomayo la Autoridad Nacional del Agua - ANA inició varios talleres informativos para explicar a la población sobre las bondades de la Ley de Recursos Hídrico, no obstante no se informó sobre los aspectos negativos de la misma.
Actualmente los comités de lucha de estas provincias vienen evaluando si efectivamente los talleres recogerán las criticas que vienen haciendo a la ley, lo contrario significaría una burla para ellos, así lo han manifestado sus dirigentes. Sin embargo existe un grueso sector de la población campesina que exige la derogatoria de esta ley, más allá de que sean informados o no. Asimismo piden que antes de que se publique una nueva ley deben ser consultados, tal como establece el Convenio 169 del OIT.
En Canchis:
En el caso de la provincia de Canchis, varios fueron los compromisos asumidos por el gobierno nacional, entre ellos la revisión del contrato para la construcción de la Hidroeléctrica Salcca Pucara. Sobre este tema se acordó esperar los estudios complementarios del impacto ambiental. Hace poco en una reciente visita del presidente del gobierno regional del Cusco a Sicuani, Hugo Gonzáles, éste se comprometió a respetar los acuerdos con la PCM, sin embargo, lo que llama la atención sobre este tema es que el gobierno nacional a través de sus ministerios ya se hizo presente de manera efectiva en las comunidades afectadas para comprometerse con una serie de beneficios a los comuneros. Incluso se realizó una reunión entre los presidentes de las comunidades y el presidente Alan García en Palacio de Gobierno. A raíz de estos hechos varios dirigentes del Comité de Lucha han señalado que esto significaría una traición al pueblo canchino. Lo cierto es que el gobierno nacional se contrapone a sí mismo al tomar estas medidas, generando un ambiente de conflicto en la provincia de Canchis.
En Chumbivilcas, Canas y Acomayo:
En Chumbivilcas iniciarán próximamente los talleres informativos sobre la Ley de Aguas, al igual que en las provincias de Canas y Acomayo, sin embargo, la población de estas provincias desconfía de la legitimidad de dichos talleres, ya que según refieren, sólo consistirían en informar pero no en recoger propuestas de modificatorias a la ley.
En Chumbivilcas existen varios acuerdos, entre ellos, la derogatoria de los Decretos Legislativos Nro. 994 y 1089, la revisión de las concesiones mineras, la asignación presupuestal e implementación adecuada del Hospital Santo Tomas, el asfaltado de la carretera de Espinar - Velille - Santo Tomas Llusco - Quiñota, la electrificación de las comunidades campesinas de la provincia, etcétera. Asimismo, está pendiente la investigación de la muerte del rondero Remigio Mendoza Ancalla y el cambio de algunas autoridades locales como el gobernador y el personal policial.
El plazo para el cumplimiento de estos acuerdos fue de 45 días, siendo el próximo 18 de agosto la fecha límite. En ese sentido, parecería que todo lo prometido por el gobierno nacional estaría a punto de cumplirse, por lo que los dirigentes están a la espera del día D.
En Espinar:
En el caso de la provincia de Espinar existe un ambiente de tensión muy complicado. El problema de la construcción de la Presa Angostura que permitiría la ampliación del Proyecto Majes Siguas II en Arequipa es la manzana de la discordia entre Espinar y la ciudad blanca. El Comité de Lucha nunca logró establecer directamente una mesa de diálogo con el gobierno nacional, por el contrario fueron los alcaldes distritales y el provincial los que tomaron contacto con la PCM, sin embargo, de esos acuerdos poco o nada se conoce. El 10 de agosto se hicieron presentes los representantes de la PCM y el Gobierno Regional de Cusco pero no se llegó a ningún consenso.
La presa está ubicada en la cuenca alta del río Apurímac y consiste en un embalse de 4,8 Km. de radio. Se trata de trasvasar toda el agua de la cabecera de la cuenca del río para irrigar los campos de cultivo del Proyecto Majes Siguas II. Existen varias observaciones de tipo técnico, legal y social del proyecto. Por ejemplo el estudio de impacto ambiental desarrollado por ECSA ingenieros menciona que el caudal ecológico del río Apurímac es de 1,2 metros cúbicos por segundo, debido a que fue hallado por métodos hidrológicos que consideran los caudales mínimos mensuales, lo cual no se ajustaría a la realidad, además no se habrían realizado las consultas públicas respectivas, de acuerdo a la información proporcionada por Consultant in Conservation and Ecotourism in the Andes and Amazonía (Cusco)
Asimismo, se conoce que existe una resolución de la Sala Mixta de Canchis que estipula que no se puede iniciar la obra si no existe un estudio de impacto ambiental y un estudio de balance hídrico. Con estos elementos y en un escenario donde hace falta más información es que se iniciaría la construcción de este proyecto. Las autoridades regionales y nacionales se han comprometido a atender el tema, pero la población de la provincia de Espinar siente que les están quitando su recurso hídrico. El 27 de agosto habrá una próxima reunión para seguir abordando el tema. Espinar ya ha dicho que no cederá en su posición mientras que Arequipa espera impaciente.
Estos son los complicados procesos sociales que viven actualmente las poblaciones de las provincias altas del Cusco. Tanto el Gobierno Regional como el nacional deben concertar para resolver estas demandas, de lo contrario seguiremos asistiendo a movilizaciones que no siempre llegan a buen puerto además del aprovechamiento político de algunos dirigentes.
Publicado en:
