El Ejecutivo impulsa una reforma que permitirá a las víctimas de la violencia política convertirse con rapidez en beneficiarios de los programas sociales impulsados por el Gobierno para combatir la exclusión, como Pensión 65, informó hoy el ministro de Justicia, Juan Jiménez Mayor.
“Vamos a incorporar, de manera prioritaria, que los integrantes de la lista de víctimas de la violencia sean beneficiarios de una manera muy rápida de Pensión 65”, manifestó en declaraciones a la prensa.
Jiménez Mayor explicó que esta reforma implica modificar el Decreto Supremo 051, promulgado durante el segundo gobierno de Alan García Pérez, según el cual las viudas producto de los hechos de violencia están aptas para recibir reparaciones económicas sólo si son mayores de 65 años y, en el caso de los padres, mayores de 80.
“Estos eran criterios evidentemente discriminatorios y lesivos de los derechos de las personas. Vamos a cambiar eso, es una decisión política y trabajamos en la estructura normativa correspondiente”, añadió.
En el marco de ese proceso anunció que hoy los equipos de su sector y los del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), liderado por la ministra Carolina Trivelli, sostienen una reunión para analizar los mecanismos que permitan incorporar las reparaciones a los programas sociales.
Al reiterar que el tema de los derechos humanos es una prioridad del Gobierno, Jiménez subrayó que el propio Presidente de la República, Ollanta Humala, ha manifestado su compromiso de impulsar las medidas para que el Estado cumpla sus obligaciones en este tema.
En junio de 2011, el Consejo de Reparaciones entregó a la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) una relación de 26,416 personas inscritas en el Registro Único de Víctimas de la Violencia (RUV), entre las que se encuentran fallecidos, desaparecidos, víctimas de violación sexual o quienes resultaron con alguna discapacidad.
En el caso de las personas fallecidas o desaparecidas, los beneficiarios son sus familiares directos, por lo que se entregó también una relación de 57,522 familiares inscritos en el RUV.
Al 31 de mayo de 2011, el RUV tenía inscritas a 119,264 personas, según datos oficiales. El RUV reconoce la condición de víctima o de beneficiario individual o colectivo a la persona o grupos de personas que sufrieron vulneración de sus derechos humanos durante el proceso de violencia entre abril 1980 y noviembre de 2000, periodo en que las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) declararon la guerra al Estado peruano con la finalidad de conquistar el poder, aunque sin éxito.
De acuerdo con el Estado peruano, las reparaciones económicas son parte del reconocimiento al daño infligido a las víctimas del conflicto armado y son un esfuerzo por restablecer condiciones de justicia para los ciudadanos, contribuir a afirmar la paz y la concordia en todo el país.
Las reparaciones serán entregadas de acuerdo con el Plan Integral de Reparaciones, instrumento técnico normativo que establece principios, enfoques, objetivos, políticas y acciones que guían a los tres niveles del Estado en materia de reparaciones.
Cumpliendo el compromiso del Gobierno por atender este tema, el ministro de Justicia destacó que por primera vez se ha destinado un presupuesto importante para el pago de reparaciones, ascendente a 140 millones de nuevos soles.
Mencionó que la meta fijada es ejecutar ese presupuesto al ciento por ciento con la finalidad de garantizar el pago a todas las víctimas.
“El Ministerio de Justicia está abocado a posicionar el tema de los derechos humanos, no como un asunto conflictivo que nos divida, sino como algo que nos tiene que unir”, añadió.
Por otro lado, calificó de “crimen” que en la gestión anterior se hayan suspendido algunas listas de beneficiarios de las reparaciones, y destacó que en el actual Gobierno ya se empezaron a pagar reparaciones a víctimas.
Lima, feb. 27 (ANDINA).
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