Ministerio de Economía deja en suspenso Implementación de Reparaciones Económicas.

El Ministro de Economía y Finanzas no dio visto bueno al pedido de PCM para avanzar en el proceso de reparación a las víctimas de la violencia política

Nuevamente, las víctimas de la violencia política pueden sentirse relegadas por parte del Estado peruano. Este martes último, 15 de noviembre, se dispuso en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República, la no aprobación en el Dictamen de la Ley de Presupuesto para el sector público para el año 2012 la disposición que autorizaba el incremento del financiamiento para las reparaciones a las víctimas de la violencia política, lo cual permitiría asumir los compromisos planteados por el Gobierno para iniciar una Reparación Integral. Sobre este tema, lamentablemente no existió el apoyo necesario por parte del Ministerio de Economía y Finanzas ni por parte de la mayor parte de Congresistas miembros de la Comisión.

En efecto, este pedido se refiere al cumplimiento de la propuesta que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) hizo para la atención del Plan Integral de Reparaciones, para las víctimas que ocasionó la violencia política entre los años 1980 y 2000. De hecho, el Premier, Salomón Lerner Ghitis ante el CONGRESO al exponer la política general del GOBIERNO, planteó textualmente:

“El Gobierno tiene la meta de reparar a las miles de víctimas que ocasionó la violencia en el Perú entre los años 1980 y 2000,…, nos proponemos como meta al 2016 la reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas. Entregaremos a cada una de ellas una suma significativa como un gesto simbólico de reconocimiento”.

Sostuvo además que el programa integral de reparaciones abordará las dimensiones jurídicas, legales, de salud, de educación, así como una reparación simbólica.

Para lograr esta meta al 2016 de reparación integral del 50 por ciento del total de víctimas, se requiere atender a 6,700 víctimas anualmente, según cálculos de CMAN (ente rector en la política de reparaciones que depende de la PCM). En tal sentido, la PCM, cuyo titular es el propio premier Salomón Lerner Ghitis, presentó ante la Comisión del Presupuesto la solicitud de S/.221,2 millones de nuevos soles adicionales con cargo a la Reserva de Contingencia que es la cifra que se requiere para asegurar la cobertura de reparaciones económicas de 6,700 víctimas para el 2012.

Sin embargo, esta no fue incluida en el Dictamen de la Ley de Presupuesto, y en el debate de este martes ante la Comisión, el Congresista Javier Diez Canseco mostró su preocupación de que no se aprueben los recursos necesarios que había solicitado la PCM para atender a las víctimas. En ese sentido, presentó una Disposición para se incorpore esta demanda y añadió: “Invoco a la sensibilidad del Ministro de Economía y de los congresistas presentes. No es posible que no podamos dar S/.18,000 de reparación a cada peruano o peruana que ha perdido a su cónyuge, y que es lo que gana un congresista en un solo mes. Debemos cerrar las heridas pendientes que tiene el país y apelo a que se usen de los S/.3,000 millones que se van a recaudar por el nuevo gravamen minero, los S/.221 millones que se requieren que no es una cifra significativa del total”. Su propuesta, sin embargo, no tuvo eco ni en el Ministro de Economía, Luis Miguel Castilla. El Ministro sostuvo que por ser un tema del ejecutivo lo vería en esta instancia y solicitó que se retome esta discusión en el Pleno del Congreso cuando se apruebe la Ley de Presupuesto.

Cabe recordar que los costos de reparación económica individual son de S/.18,000 para el/la cónyuge de la víctima (persona muerta o desparecida) y S/.4,500 para los hijos y padres. Para este 2012, el Ministerio de Economía y Finanzas sólo ha otorgado S/.42 millones para el pago de reparaciones, que es lo que el anterior gobierno ofreció en promedio cada año. Con este monto, tomaría al menos 25 años más hasta poder concluir con las reparaciones pendientes. Sin embargo, estos ciudadanos peruanos vienen esperando desde hace 31 años por una reparación que los restablezca en su condición de ciudadanos, muchos de ellos (padres de las víctimas fallecidas y desaparecidas) ya han dejado de existir sin recibir ninguna reparación de parte del Estado. ¿De acá a 25 años, cuántas de las víctimas de la violencia política aún estarán vivos para recibir una merecida reparación? ¿Estaremos listos este 2021 para celebrar nuestro bicentenario sin heridas en el pasado, reconciliados, y realmente listos para afrontar una verdadera modernidad? Por lo pronto, el propio presidente Ollanta Humala y el premier Salomón Lerner Ghitis deben honrar sus palabras.

La pérdida de una vida humana no tiene precio. Es imposible compensar económicamente a las víctimas que han perdido a un padre, madre, esposo/a o hijo/a. Sin embargo, es un esfuerzo por parte del Estado de reconocimiento de la calidad de víctimas y su redignificación. En una sociedad donde las condiciones de exclusión y de pobreza se acentúan en las zonas de mayor afectación, esta reparación es en la mayoría de casos apremiante. Las reparaciones económicas pueden contribuir a que las víctimas, los familiares y los que sufrieron la afectación directamente puedan reconstruir los proyectos de vida perdidos y su ciudadanía, junto con las demás medidas de reparación que otorgue el Estado.