(Ottawa/Toronto) Esta semana, fondos públicos del gobierno canadiense costearán los gastos de once periodistas de ocho países latinoamericanos y de Mongolia para que asistan al Congreso de Minería PDAC 2012. A la mayoría de ellos/as se les cubrirán los gastos de visitas a operaciones mineras en Quebec.
“Esto parece ser un intento, de parte del gobierno canadiense, de manejar el mensaje en lugar de afrontar con seriedad las raíces de conflictos mineros en países tales como Argentina, Honduras, Guatemala, Perú y Ecuador”, dice Jen Moore, Coordinadora del Programa de América Latina de Alerta Minera Canadá. “¿Será que estos/as periodistas van a regresar a sus países y admitir que los artículos que escriben han sido patrocinados por el gobierno de Canadá? No creo.”
Estos conflictos no son ni menores ni localizados:
• La oposición al proyecto de exploración de Osisko Mining en la provincia de La Rioja, Argentina por los posibles impactos de la minería en el abastecimiento de agua llevó a un bloqueo de un mes en enero. El bloqueo sólo se levantó luego de que la compañía emitiera una declaración diciendo que no llevaría a cabo trabajo de exploración hasta que el proyecto no contara con el apoyo local.
• En febrero, miles de campesinos participaron en marchas en la capital de Perú exigiendo una nueva ley minera que proteja las cuencas y oponiéndose a proyectos de expansión minera de compañías tales como Barrick Gold.
• Organizaciones ecuatorianas darán comienzo a una marcha similar en la capital del país a fines de esta semana, empezando en el sur del país donde las comunidades y sus representantes se han manifestado en contra de proyectos de propiedad de compañías como Kinross, Iamgold e International Minerals Corporation. El lunes, se detuvieron ocho mujeres durante una protesta en contra la firma de un acuerdo con la empresa Ecuacorriente, la cual fue adquirido de Corriente Resources en Vancouver por un consorcio chino en 2010.
• En Honduras, comunidades afectadas por la minería y organizaciones indígenas y ambientalistas protestan contra un proyecto de ley minera que las autoridades hondureñas están promocionando en el Congreso de Minería PDAC esta semana, también con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.
“Los representantes del gobierno y de la industria sin dudas les brindarán a los periodistas una imagen deslumbrante del poco sincero marco de responsabilidad social corporativa para la minería en el extranjero, mientras intentan también demostrar que la minería se está desarrollando sin ningún problema aquí en nuestro país”, indica Ramsey Hart, Coordinador del Programa Canadiense de Alerta Minera Canadá,“pero no es tan simple”.
El martes, miembros del pueblo originario Kitchenuhmaykoosib Inninuwug (KI) estarán en el Congreso de Minería PDAC para manifestarse por la falta del gobierno provincial de Ontario de hacer respetar el derecho al consentimiento previo, libre e informado del pueblo KI ante la compañía de exploración minera God’s Lake Resources. En junio del 2011, el pueblo KI declaró su oposición a desarrollos industriales en su territorio para proteger la cuenca hidrográfica que es de primordial importancia en su territorio.
También en Ontario, en el último año ha habido tres muertes por accidentes en la mina de níquel de la compañía Vale en la ciudad de Sudbury.
La operación aurífera a cielo abierto de Osisko Mining en Malartic, Quebec, a la cual se espera que lleguen los periodistas invitados, ha creado descontento en miembros de la comunidad quienes indican que la empresa no cumplió sus promesas de que no habría problemas importantes durante la construcción de la mina. El ruido, polvo, devaluación severa de las viviendas, y un desilusionante proceso de relocalización han llevado a estos ciudadanos a protestar. “¿Debemos prevenir a los demás ciudadanos de Quebec”, escribieron recientemente en una carta abierta a Jean Charest, gobernador de Quebec, “[…] que no confíen en las bonitas promesas que hacen las compañías mineras cuando intentan vender proyectos?” Y continuaron, “Van a crear algunos trabajos bien pagos, […] pero la experiencia nos muestra que los ciudadanos modestos terminan pagando. Con las leyes vigentes, el aceptar una mina cerca de uno, ya sea a cielo abierto o no, es una elección costosa destinada a volverse un obsequio envenenado que uno rápido se arrepiente de haber aceptado”.
La delegación de periodistas posiblemente también visitará el proyecto de Goldcorp en territorio del pueblo Cree en Eleonore, Quebec. Es poco probable que las enormes diferencias de condiciones bajo las cuales el pueblo Cree negoció el acuerdo exitoso con este coloso de la minería aurífera se contrasten con las que debieron afrontar las comunidades indígenas mayas cuyo derecho a la consulta y consentimiento ha sido minado sistemáticamente. La creciente evidencia de contaminación del agua e impactos en la salud pública de una operación minera de tan corta duración en las sierras de Guatemala se predice que tendrá efectos de empobrecimiento a largo plazo en un área que ya contaba con problemas.
“Es poco probable, a su vez, que el tour patrocinado por el gobierno reconozca otros conflictos que han surgido y que son significativos para entender las dificultades que afrontan los pueblos indígenas y no-indígenas en Canadá a la hora de hacer respetar sus derechos y proteger la salud de la comunidad”, agrega el Lic. Hart. Por ejemplo, en Barriere Lake, en territorio no cedido del pueblo Algonquin, el gobierno de Quebec se rehúsa a reconocer su responsabilidad de consultar con los Pueblos Originarios sobre proyectos de exploración mineral en su territorio. En la provincia de Nuevo Brunswick, los/as ciudadanos/as de Penobsquis están luchando por el resarcimiento debido a la supuesta pérdida del agua de pozo, daños a sus propiedades e impactos en la calidad de vida por la minería subterránea de potasa. Mientras tanto, en Columbia Británica el pueblo Tsilhqot’in se ve en la necesidad de volver al proceso de evaluación de una propuesta previamente rechazada para un proyecto a cielo abierto de oro y cobre, cuyo proponente recientemente le hizo una demanda a un grupo ambientalista que critica el proyecto.
“Espero que al menos algunos de estos periodistas aprovechen la oportunidad para hacer algunas preguntas difíciles”, concluye la Lic. Moore, “para no reafirmar aún más la información errónea que a menudo se esparce en América Latina que a nuestras compañías se les hace respetar estándares internacionales, cuando de hecho no tenemos ningún mecanismo efectivo para asegurarnos de eso.”
Los periodistas, invitados por las embajadas canadienses de sus respectivos países, deberían preguntarle a los representantes del gobierno nacional por qué el gobierno conservador le dio la espalda a un informe del 2007 consensuado con la sociedad civil, la industria, y el gobierno, que recomienda una serie de medidas de responsabilidad corporativa que hubieran ayudado a brindar un recurso a comunidades en el extranjero afectadas por la minería. Y deberían examinar por qué el ente nacional de radiodifusión criticó recientemente uno de los pilares de la estrategia de Canadá en cuanto a responsabilidad social corporativa diciendo que es un derroche de dinero.
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