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Pueblo de Llusco en Chumbivilcas demanda diálogo para proteger sus recursos naturales frente a la contaminación minera de las empresas Anabi y Ares.

La Congresista Verónika Mendoza se reunió el lunes 23 de enero con una delegación representante de la provincia de Llusco - Chumbivilcas, a fin de dialogar y buscar soluciones viables en torno a los conflictos socio ambientales que se vienen presentando en la región.

Recordemos que el pasado 11 de enero se realizó un paro regional, convocado por el Comité de Lucha del distrito de Llusco, en respuesta a la negativa de las empresas extractivas ANABI y ARES para concertar una reunión con la población y buscar medidas de solución frente a la contaminación por cianuro y otros metales en los ríos Molíno y Santo Tomás.

Según manifestaron los integrantes de la delegación, en el año 2011 se habría realizado un monitoreo en algunas zonas del ámbito de explotación de dichas empresas, sin embargo a la fecha no se entregan los resultados.

Como medida de fiscalización, la Congresista Verónika Mendoza ha solicitado ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA, la entrega de los informes finales de las supervisiones ambientales regulares y especiales realizadas a las unidades de las empresas mineras ARES y ANABI ubicadas en la Provincia de Chumbivilcas (Cusco) durante los meses de octubre y noviembre del 2011. Lo sorprendente es que el Ing. Bruno Janampa, Director Regional de Minería, afirmó que estas empresas carecerían de autorización para su funcionamiento, según el acta de acuerdos del 14 de enero 2012 entre las autoridades y organizaciones de Llusco y los representantes de la PCM, MINEM, DREM-Cusco, y ALA-Cusco.

La urgencia del diálogo con las más altas autoridades del gobierno nacional para viabilizar una solución pacífica al conflicto requiere que el OEFA y el MINEM proporcionen la información pertinente y que la PCM canalice el diálogo hacia una solución pacífica.

Lo preocupante es que el 95% del territorio de la provincia de Chumbivilcas se encuentra concesionado a inversionistas mineros. En el caso de ANABI, esta empresa posee 3 mil hectáreas de terreno mientras ARES tiene 15 mil hectáreas. La explotación está referida a recursos de oro, plata y cobre.

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