Un 60% de los más de 250 conflictos sociales que se registran en el país son atendidos por el gobierno central recién una vez que éstos adquieren un matiz violento.
Así lo denunció Miguel Lévano Muñoz, miembro de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, quien a través de CNR criticó la falta de previsión del Ejecutivo para prevenir hechos de violencia como los ocurridos en Chala (Arequipa).
"Todavía vemos la actuación de un Estado que no es preventivo sino reactivo. Ve la situación de violencia y recién procura atenderla", subrayó.
El representante de la Defensoría del Pueblo destacó la necesidad de reforzar determinados niveles de gobierno para que asuman una labor preventiva que permita atender las demandas sociales a través de canales institucionales o mediante mesas de diálogo, pero antes de que estallen los conflictos y lleguen a una situación de crisis.
Aseveró que, desde hace dos años, la Defensoría ha pedido al Ejecutivo asumir una postura vigilante de modo que apenas hayan demandas sociales, éstas sean canalizadas.
Lévano consideró que esta tarea demanda fortalecer capacidades en los diferentes niveles de gobierno, sobretodo en aquellos que tienen más contacto con la población y que puedan identificar tempranamente las situaciones de crisis.
"De repente, no tiene que estar en su competencia (de una autoridad) la resolución de las demandas, pero sí buscar una vía institucional o cómo motivar a alguna autoridad que sí tenga competencia más cercana con el problema", expresó.
Agregó que, por ese motivo, desde marzo último el 87% de acciones de la Defensoría del Pueblo ha estado concentrada en tareas de prevención; empero, lamentablemente, las acciones de otras autoridades no han ido en esa misma línea. "Se espera a veces el último momento para intervenir", acotó.
Cabe indicar que, de acuerdo al reporte Nº 73 de la Defensoría, existen 10 nuevos conflictos sociales durante marzo. De la cifra, seis son socioambientales, tres por asuntos de gobiernos locales y otro por un tema laboral.
El documento da cuenta de un total de 255 conflictos hasta el 31 marzo del 2010; del total, son 102 los que al menos tuvieron un episodio de violencia. La mayor cantidad, como siempre, está referido a asuntos medio ambientales.
Información: http://www.cnr.org.pe
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