Las autoridades del gobierno deben acercarse a la población y ganar su confianza como base para la prevención de los conflictos sociales, resaltó Iván Lanegra, adjunto del Medio Ambiente y Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo.
A través de CNR, Lanegra Quispe resaltó que el grado de confianza de la ciudadanía hacia sus autoridades constituye un indicador de gestión y de las relaciones fluyen en forma armónica.
En ese sentido, advirtió que el Ejecutivo no puede esperar hasta que los conflictos estallen para recién tomar contacto con la población y buscar solución a sus demandas, como ocurrió en las recientes protestas de los mineros artesanales y de los pobladores de Islay (Arequipa).
En ambos casos, Lanegra consideró que un agravante fue colocar a la minería y la agricultura como actividades incompatibles, pues se deja de lado la riqueza de nuestro país. Por ello, resaltó que se requiere de un doble esfuerzo para lograr un cabal ordenamiento y prevenir efectos negativos de un sector a otro.
De igual manera, el representante de la Defensoría del Pueblo recomendó -en los sucesivo- abordar un enfoque global sobre las ventajas y desventajas que trae la minería, de modo que el ciudadano de a pie pueda comprender el real aporte que genera dicha actividad para su desarrollo. "Cuando eso no ocurre, se generan desconfianza y lejanía".
Por otro lado, Lanegra exhortó al Congreso de la República aprobar de manera urgente los mecanismos que permitan implementar el derecho a consulta, previa e informada, a favor de las comunidades indígenas -sancionado por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
"Eso contribuirá a que los problemas que vemos hoy puedan ser resueltos por la vía de la legalidad", enfatizó.
Finalmente, subrayó la necesidad de darle seguimiento a los acuerdos asumidos el martes entre el gobierno y los dirigentes de Islay respecto a la suspensión del proyecto minero Tía María y la instalación de una comisión técnica que revise el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) elaborado por la empresa Southern Perú.
Así mismo, alertó que es menester prevenir el surgimiento de un nuevo conflicto a consecuencia de la postergación en el reinicio de operaciones del complejo metalúrgico de la minera estadounidense Doe Run Perú (DRP) en La Oroya (Junín).
Información: http://www.cnr.org.pe
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