Injusta decisión del Tribunal Constitucional en detención arbitraria de defensores de Derechos Humanos de la Vicaría de Sicuani.

Frente a la decisión emitida por el Tribunal Constitucional, por la que declara improcedente el habeas corpus interpuesto contra la detención arbitraria e ilegal en contra de defensores de derechos humanos de la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, expresamos:

1. Injusta la resolución emitida por el Tribunal Constitucional, pues dicha resolución de fecha 10 de octubre y recién notificada el día de ayer, es decir casi dos meses después, declara improcedente señalando que “conforme se acredita con el acta de verificación de hábeas corpus levantada … los favorecidos quedaron en libertad; es decir ya no se encuentran detenidos, lo que es corroborado por el recurrente en el recurso de agravio constitucional… por lo que al haber cesado la pretendida agresión en momento posterior a la interposición de la presente demanda, carece de objeto emitir pronunciamiento” (f.j. 4).

2. Es de aclarar que la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, el Instituto de Defensa Legal, la Asociación por la Vida y la Dignidad Humana y los agraviados directos interpusimos una acción de habeas corpus contra la detención ilegal y arbitraria sucedida el 28 de mayo del año 2012. En este habeas corpus y en posteriores escritos fuimos claros y contundentes en denunciar y solicitar que se adopten medidas para evitar que este tipo de abusos y vulneraciones no se repitan nunca más con ningún ciudadano. Denunciamos la actuación del Ministerio Público, al no informar las razones de la detención y los actos de agravio físico y psicológico del que fueron objeto. Denunciamos los abusos cometidos por miembros de la Policía Nacional del Perú y también informamos los derechos al que estamos amparados los defensores de derechos humanos. En otras palabras, PLANTEAMOS EL HABEAS CORPUS INNOVATIVO y hemos pedido se reconozca que Jaime Cesar Borda Pari, Romualdo Teofilo Ttito Pinto y Sergio Huamani Hilario fueron detenidos ilegalmente por parte de la Policía Nacional en la provincia de Espinar, en circunstancias que no estaba vigente el estado de emergencia y tampoco flagrancia de delito. Así mismo denunciamos que la detención de los defensores de derechos humanos, duro en el interior de campamento minero Xstrata.

3. Exigimos al Tribunal Constitucional, una mejor valoración del caso en mención y tome en cuenta los contenidos del recurso de aclaración que presentaremos a esta decisión. Estamos convencidos que la razón de existir del Tribunal Constitucional es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a actos arbitrarios e injustos como el que sucedió en el presente caso. Esperamos que el Tribunal Constitucional, se pronuncie nuevamente y senté un precedente que garantice los derechos de los ciudadanos, aún en contextos de conflictividad ambiental, como el que se vivió en la provincia de Espinar.

Sicuani, diciembre del 2012.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.