El titular del Gabinete Ministerial, Javier Velásquez Quesquén, demandó a los presidentes regionales de Apurímac y Cusco, David Salazar y Hugo Gonzales, respectivamente, asumir la solución de los conflictos sociales desatados en las provincias de Abancay y Espinar.
Recordó en lo referido al problema de Espinar, que el conflicto fue originado por la falta de decisión de los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco en llegar a un acuerdo para implementar el proyecto de irrigación Majes-Siguas II; por lo que el Ejecutivo, a través de Proinversión, intervino para entregarlo en concesión a operadores privados y ponerlo así en marcha.
Ante ello, el titular de la PCM optó por comunicarse con el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén y con su homólogo cusqueño, Hugo Gonzales, para tender un puente de diálogo que permita resolver las diferencias entre ambas regiones.
Del mismo modo, pidió la intervención de Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, en la solución de este conflicto en calidad de facilitador.
Asimismo, Velásquez Quesquén dejó en claro que no es el Gobierno central el encargado de enfrentar este diferendo, sino los gobiernos regionales comprometidos en el origen del mismo.
Además preciso que el Gobierno Nacional, en el marco del estado derecho, acatará el mandato judicial para que dicho proyecto continúe, previo al cumplimiento de los estudios de impacto ambiental y de balance hídrico respectivamente, tal y como habían acordado los presidentes regionales de Arequipa y Cusco.
En torno a las protestas en Abancay, el presidente del Consejo de Ministros, señaló que el Gobierno no puede intervenir en las asignaciones presupuestales que decida cada gobierno regional, por lo que corresponde al presidente de la región Apurímac, David Salazar, asumir su responsabilidad y afrontar la solución del descontento de sus ciudadanos.
Los organizadores de la huelga indefinida en Abancay, que se inició el pasado miércoles, acusaron a la autoridad regional de haber destinado más recursos a la provincia de Andahuaylas en el presupuesto del 2010, perjudicando a Abancay.
Velásquez Quesquén insistió en que era necesaria una mejor comunicación entre el gobierno regional y el pueblo para enfrentar el problema.
Asimismo, exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a intervenir en el cumplimiento de sus atribuciones para sancionar a quienes incurran en delito durante la realización de estas medidas de fuerza.
(Tomado de la pagina WEB de Radio Siucuani)
Recordó en lo referido al problema de Espinar, que el conflicto fue originado por la falta de decisión de los gobiernos regionales de Arequipa y Cusco en llegar a un acuerdo para implementar el proyecto de irrigación Majes-Siguas II; por lo que el Ejecutivo, a través de Proinversión, intervino para entregarlo en concesión a operadores privados y ponerlo así en marcha.
Ante ello, el titular de la PCM optó por comunicarse con el presidente regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén y con su homólogo cusqueño, Hugo Gonzales, para tender un puente de diálogo que permita resolver las diferencias entre ambas regiones.
Del mismo modo, pidió la intervención de Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, en la solución de este conflicto en calidad de facilitador.
Asimismo, Velásquez Quesquén dejó en claro que no es el Gobierno central el encargado de enfrentar este diferendo, sino los gobiernos regionales comprometidos en el origen del mismo.
Además preciso que el Gobierno Nacional, en el marco del estado derecho, acatará el mandato judicial para que dicho proyecto continúe, previo al cumplimiento de los estudios de impacto ambiental y de balance hídrico respectivamente, tal y como habían acordado los presidentes regionales de Arequipa y Cusco.
En torno a las protestas en Abancay, el presidente del Consejo de Ministros, señaló que el Gobierno no puede intervenir en las asignaciones presupuestales que decida cada gobierno regional, por lo que corresponde al presidente de la región Apurímac, David Salazar, asumir su responsabilidad y afrontar la solución del descontento de sus ciudadanos.
Los organizadores de la huelga indefinida en Abancay, que se inició el pasado miércoles, acusaron a la autoridad regional de haber destinado más recursos a la provincia de Andahuaylas en el presupuesto del 2010, perjudicando a Abancay.
Velásquez Quesquén insistió en que era necesaria una mejor comunicación entre el gobierno regional y el pueblo para enfrentar el problema.
Asimismo, exhortó al Poder Judicial y al Ministerio Público a intervenir en el cumplimiento de sus atribuciones para sancionar a quienes incurran en delito durante la realización de estas medidas de fuerza.
(Tomado de la pagina WEB de Radio Siucuani)
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