Lima.- La coordinadora nacional del Grupo de Trabajo de Reparaciones - GTR de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH), Rocío Paz, exigió al gobierno asegurar la viabilidad del proceso de reparaciones a través de su inclusión en el Presupuesto General de la República 2010.
Paz consideró que aún en posible discutir la posibilidad de incorporar los fondos necesario en el presupuesto e iniciar así proyectos pilotos de reparaciones individuales el próximo año.
Reprochó la actitud “pasiva” que se le atribuye últimamente al Ejecutivo referente al tema. “El Estado ha vulnerado los derechos humanos por acción u omisión durante la violencia política. Tiene la obligación de reparar integralmente a las victimas que dejó ese periodo”, sostuvo.
Además, llamó la atención a Jesús Aliaga, secretario de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por haber “despotricado en contra del Consejo de Reparaciones”. Recordó que tanto las dos instancias como el Estado en general tienen la responsabilidad de trabajar “articuladamente”
“Si hay necesidad de resolver problemas, el Estado tiene que resolverlos; no se puede permitir ni tolerar, por respeto a las víctimas, que se hallan suscitado ni se susciten esos comentarios”, anotó.
En tanto, Ramiro Niño de Guzmán, presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia en Apurímac, indicó que la falta de presupuesto para el proceso de reparaciones que alega el gobierno es consecuencia del desinterés por redistribuir la riqueza que genera el país.
Recalcó que las reparaciones individuales “no son dádivas porque son un derecho adquirido, amparado por la ley”. Refirió además que es una “injusticia” culpar ciegamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por los crímenes de lesa humanidad, toda vez que ellos también sufrieron maltratos.
A su vez, Johnny Jurado, titular de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) expresó su desconfianza en el gobierno para continuar con el proceso de reparaciones. Señaló la necesidad de que el Estado no desatienda a las comunidades luego que les ha entregado la reparación colectiva.
Estas declaraciones fueron recogidas durante el foro “Balance sobre el proceso de Reparaciones Económicas Individuales” que organizaron los congresistas María Sumire Conde y José Urquizo en el Palacio Legislativo. (Fuente: CNR)
Paz consideró que aún en posible discutir la posibilidad de incorporar los fondos necesario en el presupuesto e iniciar así proyectos pilotos de reparaciones individuales el próximo año.
Reprochó la actitud “pasiva” que se le atribuye últimamente al Ejecutivo referente al tema. “El Estado ha vulnerado los derechos humanos por acción u omisión durante la violencia política. Tiene la obligación de reparar integralmente a las victimas que dejó ese periodo”, sostuvo.
Además, llamó la atención a Jesús Aliaga, secretario de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) por haber “despotricado en contra del Consejo de Reparaciones”. Recordó que tanto las dos instancias como el Estado en general tienen la responsabilidad de trabajar “articuladamente”
“Si hay necesidad de resolver problemas, el Estado tiene que resolverlos; no se puede permitir ni tolerar, por respeto a las víctimas, que se hallan suscitado ni se susciten esos comentarios”, anotó.
En tanto, Ramiro Niño de Guzmán, presidente de la Coordinadora Regional de Organizaciones de Afectados por la Violencia en Apurímac, indicó que la falta de presupuesto para el proceso de reparaciones que alega el gobierno es consecuencia del desinterés por redistribuir la riqueza que genera el país.
Recalcó que las reparaciones individuales “no son dádivas porque son un derecho adquirido, amparado por la ley”. Refirió además que es una “injusticia” culpar ciegamente a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por los crímenes de lesa humanidad, toda vez que ellos también sufrieron maltratos.
A su vez, Johnny Jurado, titular de la Coordinadora Nacional de Afectados por la Violencia Política (CONAVIP) expresó su desconfianza en el gobierno para continuar con el proceso de reparaciones. Señaló la necesidad de que el Estado no desatienda a las comunidades luego que les ha entregado la reparación colectiva.
Estas declaraciones fueron recogidas durante el foro “Balance sobre el proceso de Reparaciones Económicas Individuales” que organizaron los congresistas María Sumire Conde y José Urquizo en el Palacio Legislativo. (Fuente: CNR)
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