Derechos Humanos y la minera en la provincia de Espinar.

En el año 2002 la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani , elaboro un documento interno sobre los derechos humanos y la minería en la provincia de Espinar, basado principalmente en los testimonios de las personas. Muchos de los testimonios, si bien refieren temores frente a posibles impactos que la actividad minera podía generar en el futuro al interior de sus comunidades campesinas, a la vez exponen fuertes preocupaciones vinculadas a su medio ambiente. Este informe tuvo como antecedente el trabajo realizado por la subcomisión de Derechos Humanos de la Mesa de Diálogo en el año 2002, instancia en la que se entregaron 34 casos por denuncias de violaciones a los derechos humanos. Los casos, en nuestra opinión fueron relevantes, pues reportaron denuncias por las comunidades campesinas de la provincia de Espinar entre el período 1982 al 2001. En este artículo, expondremos, además de explicar brevemente la situación de pobreza y la minería en esta provincia, algunas situaciones relevantes que en el año 2002 hallamos, y que hoy se reproducen.

Ubicación geográfica-situación de pobreza:

La provincia de Espinar se encuentra a 250km al sur oeste de la ciudad de Cusco. Cuenta con 08 distritos, ubicado entre 3800 y 4200msnm, entre pisos ecológicos de puna y suni. Las actividades económicas locales más importantes en la zona son la agricultura, ganadería y el comercio.

En el mapa de pobreza de FONCODES (Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social) del año 2000, Espinar aparecía como una de las provincias más pobres del Perú, seis de sus ocho distritos como pobres extremos o muy pobres, dos de ellos Espinar y Ocoruro como pobres. Esta situación, si bien en la actualidad ha variado, tampoco ha significado un cambio profundo en las condiciones de vida del poblador espinarence, por ejemplo aún el acceso al agua es limitado , así como algunos servicios fundamentales.

En el cuadro que presentamos a continuación, recogemos datos del mapa de pobreza 2007 del INEI y apreciamos que la mayoría de distritos de esta provincia enfrentan carencias profundas de agua potable, desagüe, electricidad y aún las tasas de analfabetismo en mujeres se presentan en cifras superiores al 15%, así como la desnutrición crónica que supera el 40%.

Tabla Nro. 1 Mapa de pobreza provincia de Espinar, 2007. Fuente: INEI. Elaboración propia.

Situación minera:

Espinar tiene una relación muy antigua con la minería y ésta se encuentra muy vinculada a los derechos humanos, en otras palabras no es posible hablar de derechos humanos en Espinar, sino mencionamos la minería. Las primeras referencias que se tienen de la actividad de la exploración minera son de los años 1917 y 1918 años en los que dentro de los linderos de la comunidad campesina Madre de Antaycama , en el sector de Tintaya Marquiri , se ubica el yacimiento de alta reserva , que llegó a constituir el más grande yacimiento de cobre en Perú como lo refiriera Minning Journal . En 1980 se constituye la Empresa Estatal Minera asociada Tintaya S.A., (EMATINSA). En setiembre del año de 1981 la empresa cambia de denominación social desde entonces a “Empresa Minera Especial Tintaya S.A.” (Tintaya S.A.) , la cual inicia sus operaciones en el año de 1985.

Posteriormente en el año de 1994 el Estado adjudica la buena pro por subasta pública al consorcio norteamericano Magma Cooper Company / Global Magma Ltd. , en 218 millones de dólares americanos , cambiando esta entidad su denominación social a MAGMA TINTAYA S.A y está a su vez el 9 de enero de 1996 transfiere la propiedad en acciones a la empresa australiana minera BHP (Broken Hill Propietary) que denomino la empresa minera como: BHP Tintaya S.A. El grupo BHP Limited se fusiona con la empresa Billinton PLC de Inglaterra, quien en el año 2006 transfiere la titularidad a XSTRATA, empresa que hasta la fecha viene operando y teniendo previsto el inicio de nuevos proyectos de explotación.

Hasta el 26 de Abril del 2011, en la provincia de Espinar existía un aproximado de 187,587.563 hectáreas concesionadas tanto a empresas mineras, comunidades campesinas y personas naturales, siendo los distritos con mayor cantidad de terrenos concesionados: Espinar, Coporaque y Condoroma. En los últimos años las concesiones se han incrementado, por ejemplo en el año 2005 según información proporcionada por CooperAcción, las concesiones mineras en la provincia pasaban las 150 mil hectáreas, actualmente estas se encuentran en alrededor de 193 mil 578 hectáreas.

Gráfico Nro. 01: Evolución de las concesiones mineras en la provincia de Espinar.- Fuente: CooperAcción.

Gráfico Nro. 02: Hectáreas concesionadas en la provincia de Espinar hasta abril del 2011. Fuente: INGEMET.- Elaboración: Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.

Con relación a las concesiones mineras y dando una mirada a nivel más local, podemos apreciar en la tabla Nro. 02, que en el distrito de Espinar se ha concentrado la mayor cantidad de concesiones mineras, existiendo hasta junio del 2011, 90 concesiones, seguido de Coporaque con 50 concesiones y Condorama de 37 concesiones. Podemos decir que sólo los distritos de Pichigua y Alto Pichigua presentan mínimas concesiones.

Tabla Nro. 02: Concesiones mineras en la provincia de Espinar.- Fuente: INGEMMET, junio 2011. Elaboración: propia

Actualmente existen tres unidades de producción en la provincia de Espinar. Por un lado XSTRATA TINTAYA y MITSUI MINING (Proyecto Quechuas), ambas ubicadas en el distrito de Espinar con explotación de cobre y de otro lado en el distrito de Condorama se encuentra la mina Antonio Raymondi, cuya explotación es polimetálica. Adicional a estos proyectos, a la vez se prevé para los siguientes años la explotación de 03 proyectos de propiedad de Xstrata y una explotación de zinc de la empresa Techk – Comminco Limited. Es preciso destacar, revisando la información de INGEMET, que los derechos de concesiones mineros se encuentran concentrados en las empresas: XSTRATA TINTAYA; MAXY GOLD PERU y GOLD PLATA RESOURCES PERU. Estas tres empresas reúnen el 77% del total de las concesiones, con 56%, 14% y 7% respectivamente. Adicional a ello, se ha previsto la construcción de cuatro plantas de tratamiento. Tres de ellas se encuentran en las operaciones de la mina Tintaya.

¿Cuál es la situación de los derechos humanos?

Mencionaremos algunos aspectos que desde nuestra experiencia local resultarían relevantes

• Denuncias de contaminación ambiental. Un antecedente en este tema son los aspectos relacionados al convenio marco y su proceso de reformulación, como requisito para una nueva relación con la empresa minera. El Ministerio de Salud, a través del informe “Riesgos a la Salud por Exposición a Metales Pesados en la Provincia de Espinar-Cusco” desarrollado entre agosto y octubre del 2010 por el CENSOPAS-INS (Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud) evaluó a 506 personas de los distritos de Espinar, Pallpata, Ocoruro y Pichigua. Las evaluaciones dieron como resultado:

a) Respecto a los niveles de plomo en la sangre de los pobladores, 506 personas evaluadas, el 95.5% de personas registraban 10ug Pb/dl; sin embargo, 09 de personas registraban valores por encima de los 10ug Pb/dl.

b) Respecto al mercurio, se determinó que el 5.5% (28 personas) tuvieron valores por encima del valor de referencia y que estos procedìan de los distritos de Espinar y Pallpata.

c) En lo que respecta al arsénico, el 4.7% de los pobladores presentaron valores por encima del límite de referencia, siendo su procedencia de los distrito de Espinar y Pallpata.

El informe “Exposición a Metales Pesados” en la página 73 señala la necesidad de “mantener un monitoreo periódico de la calidad ambiental de la zona de estudio (aire, agua, suelo), por ser vulnerable a los cambios que pudieran producirse por efecto de la actividad minera”.

Adicional a este informe, se tiene estudios en animales realizado por SENASA y CERPER, en estos documentos se muestran índices de concentración en zinc y cobre. Es importante destacar además que la Red Muqui, elaboro un informe “Sistematización de los monitoreos y evaluación realizados en la provincia de Espinar sobre presencia de metales pesados en el ambiente y en la salud de las personas”, en este documento se concluye que en la provincia de Espinar se tienen indicios de contaminación ambiental por metales pesados y afectación a la salud de la población local. En el año 2011, entre los meses de agosto-noviembre la Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani, en coordinación con las organizaciones sociales realizo un monitoreo en puntos identificados por la población. En este documento, se concluyo que en varios puntos los límites máximos permisibles superaron y se recomendó que debiera practicarse más estudios para determinar las causas de la contaminación.

Dicho todo lo anterior, ha existido y existe una preocupación real y legítima de la población de Espinar, que durante el conflicto ha demandado se esclarezca la fuente y magnitud de la contaminación y los daños en la salud. Estas denuncias sobre contaminación ambiental son anteriores al estallido del último conflicto, una prueba es la denuncia penal contra Xstrata Tintaya por delito contra el medio ambiente en agravio de las poblaciones de las microcuencas de los ríos Salado y Ccañipia. Denuncia que fue presentada en el mes de noviembre del año 2011.

• Fragmentación del tejido social, relacionamiento comunidad-empresa. Los testimonios recogidos en el año 2002, expusieron practicas de “negociaciones asistenciales”, es decir pobladores que demandaban beneficios económicos a la empresa y una empresa que otorgaba beneficios (económicos, alimentos, etc) para evitar una reacción pública, frente a reclamos y/o denuncias de diverso tipo. Esta situación, en el actual contexto se presenta a través de denuncias públicas de los principales dirigentes de la provincia, quienes cuestionan a la actual empresa Xstrata Tintaya ser causante de una relación clientelista y manipuladora con la población. Se habla de una fuerte ruptura del tejido social, dirigentes comprados o cooptados por la empresa. Es evidente que al interior de las comunidades campesinas los pobladores se encuentran enfrentados en discursos como anti-minero o pro-minero.

• Empleo. No se conoce públicamente cifras exactas del número de pobladores espinarences que laboran en la empresa minera. Lo cierto es que existe una alta expectativa de la población por ser beneficiaria directa de un empleo y se generen condiciones remunerativas dignas. En el último conflicto, se ha manifestado preocupaciones en torno a contrataciones que realizan empresas intermediadoras, señalando que las remuneraciones y las formas de contratación son desiguales frente a un trabajador no espinarence. Las mujeres, especialmente de comunidades campesinas, han manifestado que les resulta difícil obtener un puesto de empleo.

• Desplazamiento, compra-venta de terrenos. Los procesos de expropiación, en especial los generados en el año 1982, dejaron como secuela la insatisfacción por el insuficiente pago y no valorizar elementos como la perdida cultural y el desarraigo de sus tierras. Dejaron además secuelas por prácticas discriminatorias que obviaron a las mujeres a no involucrarlas en la negociación de sus tierras y negociaciones hechas sin asesoría y con desinformación sobre los impactos ambientales. Estas secuelas, desde nuestro punto de vista no han sido resueltas ni abordadas plenamente por el Estado, pues los procesos de reubicación-desplazamiento anteriores y actuales producen cambios profundos en el modo de vida y estados emocionales de las personas. Un ejemplo fue el caso de Tintaya Marquiri, que en el momento de su reubicación los pobladores presentaron problemas de adaptación al medio, estaban acostumbrados a la organización comunal y vinculados intensamente a la tierra. Existe la necesidad del desarrollo de políticas claras que atienda y acompañe a las personas y poblaciones desplazadas por el desarrollo y se generen condiciones dignas para un proceso adecuado de adaptación y se aplique el derecho al consentimiento que el Convenio 169 de la OIT y la actual ley de consulta previa admiten como requisito en estos casos.

• Derecho al agua: La provincia de Espinar tiene entre una a dos horas de agua al día, en las comunidades campesinas el acceso al agua de calidad es casi inexistente. Se ha denunciado la presencia de contaminación en sus principales ríos y está pendiente que desde el Estado se garantice la cantidad hídrica suficiente que Espinar necesita para su futuro.

• Criminalización de la protesta social, uso de la fuerza, relación policía-minería. En los últimos años, se han presentado tres conflictos sociales intensos. En el año 2005, el conflicto dejo como saldo la investigación penal contra 70 dirigentes y pobladores de Espinar. El conflicto vinculado al proyecto Majes Sigua II, dejo como secuela un muerto y aproximadamente 23 heridos, además investigaciones penales que se sigue en contra de varios dirigentes y pobladores. Este último conflicto, quizá el más intenso en el sur del paìs, ocasiono 03 muertes, y aproximadamente 82 heridos, a la vez se apertura investigación contra 48 personas aproximadamente, entre dirigentes, defensores de derechos humanos y pobladores. Sumado a ello, el cambio de competencia a la ciudad de Ica y las denuncias por maltratos y agresiones realizadas por la policía nacional en contra de defensores de derechos humanos. El conflicto también enrostro la presencia de una comisaria en el interior del ámbito de la empresa minera Xstrata, que más allá si su presencia es legal o proviene de convenios, lo cierto es que desde la percepción de la población a la policía se le ve con desconfianza y como el servicio privado de la empresa minera.

Sobre el actual proceso de dialogo.- Producto de éste último conflicto, se ha instalado una mesa de diálogo con tres grupos de trabajo: responsabilidad social, medio ambiente y desarrollo productivo. Estos grupos de trabajo, a su vez han implementado sub grupos según necesidades específicas. Se viene desarrollando un monitoreo ambiental participativo, con la presencia de diversos sectores del Estado. Existe alta expectativa sobre las conclusiones y resultados que arrojaran los estudios realizados por el Estado, es un desafío generar confianza y credibilidad en estos resultados y generar una relación digna, diferente entre las comunidades campesinas y la minería. Resulta también clave que el Estado recupere su rol garante de defensor de derechos humanos, contribuir a esclarecer la naturaleza, y magnitud de la contaminación y defender el derecho a un ambiente y vida sana.

Vicaria de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani.