El 9 de abril del 2009, Robinson Macedo Sima, de 17 años, murió en una emboscada terrorista a una patrulla del Ejército del valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE) a la que pertenecía.
A escasas semanas de cumplirse un año de esta muerte, representantes del Estado Peruano acudieron el último martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington , para informar sobre la situación de los menores de edad que de manera indebida fueron reclutados en el Ejército Peruano. Según la Defensoría del Pueblo, dicha institución recibió el año pasado 105 quejas fundadas sobre enrolamiento de adolescentes de entre 14 y los 17 años.
ACCIONES EFECTIVAS
“Es la primera vez que un problema que concierne a menores de edad peruanos se ve en la CIDH”, señaló Teresa Carpio, directora en el Perú de Save the Children. Esta organización presentó este caso a la CIDH junto con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
Carpio, quien asistió a dicha audiencia, comentó que Paulo Sergio Pinheiro, relator en temas de la niñez de la CIDH y especialista en la violencia contra la infancia en el mundo, pidió a los representantes peruanos realizar acciones efectivas para que no se den más casos de reclutamiento de menores de edad, ni su participación en conflictos armados.
Al respecto, Luis Cobeña, jefe de gabinete del Ministerio de Defensa, indicó que se ha separado del Ejército a quienes no contaban con documentos de identidad completos, entre ellos menores de edad. Otra medida ha sido reducir de 105 a 12 las oficinas de reclutamiento en el país para fiscalizar mejor la situación de quienes son reclutados.
Según Carpio, también es necesario que se tipifique en el Código Penal el delito de reclutamiento de menores de 18 años y se adopten medidas para impedir que estos sean captados por Sendero Luminoso.
Tras la presentación en la CIDH, este organismo solicitará al Estado Peruano un informe escrito sobre este tema.
Información: http://blog.dhperu.org/
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