Los representantes del Estado peruano no dijeron la verdad sobre el derecho a la consulta previa a las comunidades durante su exposición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) desarrollada ayer en Washington (EEUU).
Así lo señaló el directivo de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Miguel Jugo, quien se presentó ante la referida comisión para exponer la situación de la interferencia a la libertad de expresión que existe en nuestro país.
A través de CNR, Jugo detalló que alcanzó a los comisionados datos concretos sobre la persecución a distintos dirigentes sociales y medios de comunicación, como Radio Oriente (Loreto) y Radio La Voz (Amazonas).
Así mismo, resaltó que, en lo que va del régimen de Alan García, han fallecido 38 personas en medio de conflictos sociales; esta cifra supera largamente los 15 muertos registrados en el gobierno de Alejandro Toledo.
De igual manera, hizo énfasis en la inexistencia de un proceso de consulta, a pesar del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por el Estado peruano en 1993.
Jugo refirió que todos estos argumentos fueron rechazados por la procuradora supranacional Delia Muñoz, quien no sólo destacó que los procesos se llevan adelante de manera "impecable" sino que incluso afirmó que en nuestro país se aplica la consulta previa y no se llevan adelante aquellos proyectos sin el consentimiento de las comunidades.
"Si eso fuera así, nunca hubiéramos tenido (los hechos de violencia) de Bagua (Amazonas); ni tendríamos el conflicto en la zona de Condorcanqui, entre los nativos del Cenepa y la empresa Afrodita", recordó.
En ese sentido, consideró que el Estado se resiste a implementar medidas en favor de los derechos humanos sin contar con argumentos sólidos para ello. "Hay una manera absurda de tratar estos temas y no se hacen porque objetivamente no se quiere hacer", anotó.
El representante de APRODEH precisó que la exposición -desarrollada en el 138º Período de Sesiones de la CIDH de la OEA- es parte de un proceso de seguimiento que permite al organismo conocer el panorama general de la situación de los derechos humanos en el país.
Por último, informó que han reiterado la invitación formulada en noviembre del 2009 por el entonces ministro de Justicia, Aurelio Pastor, para que el nuevo relator por Perú -el jurista mexicano José de Jesús Orozco Henríquez- haga una visita oficial a nuestro país. "Ya corresponde a la CIDH fijar la fecha", puntualizó.
Información de: www.cnr.org.pe
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